por Paulo Slachevsky | fotografías Cristián Labarca
I. LA CULTURA COMO FUERZA TRANSFORMADORA
El mundo de la cultura ha jugado siempre un rol muy relevante en todos los grandes avances en favor de una sociedad más democrática. Basta recordar los años sesenta y setenta, momentos de una verdadera explosión creativa en los más diversos ámbitos, y también los ochenta, donde las más diversas expresiones culturales se entrelazaban en la protesta social contra la dictadura. Como entonces, desde octubre del 2019 podemos ver cómo la calle en insurgencia se expresa en los muros de la ciudad, la música, la poesía, la fotografía, el teatro, el audiovisual, etcétera. Canciones como «El derecho de vivir en paz» o «El baile de los que sobran» vienen a transformarse en símbolos del movimiento, himnos contra la brutal represión, puentes también entre diversos momentos históricos donde la esperanza se refleja en las voces y en el brillo de los ojos de las y los manifestantes.
Lamentablemente, como sucedió en los años ochenta, los sectores populares, la calle y la cultura misma, verdaderos motores de los cambios, quedan de lado, y en la institucionalización del nuevo período se les asigna un rol totalmente secundario. Meros espectadores unos, teloneros los otros.
En el momento constituyente que vivimos no debemos repetir la misma historia. Ni los sectores populares ni la cultura pueden quedar ausentes si queremos hacer realidad los anhelos de una vida digna que reclama el país. No pueden ser una vez más los mismos de siempre, los que han administrado el modelo por más de tres décadas, quienes dominen la constituyente. Y no se trata solo de un tema de forma, de asignarles espacios en la Convención Constitucional a representantes de los movimientos sociales, de los pueblos indígenas o al mundo de la cultura. Es un tema de fondo, del país que queremos y de las posibilidades de construirlo que nos otorgará la nueva carta magna.
La cultura, en su sentido amplio como en su sentido referido a las expresiones culturales propiamente tales, es básica para avanzar hacia una sociedad más justa, fraterna, igualitaria y libertaria. Requerimos un profundo cambio cultural en la forma de hacer política, en la manera de relacionarnos con la naturaleza y con el prójimo, liberándonos de la cultura de la competencia, de la dominación, de la cultura de explotación de unos sobre otros, de la cultura patriarcal.
Los desafíos de la cultura, como del libro mismo, son transversales a muchos de los desafíos que enfrentamos como país y es fundamental integrarlos en un lugar central de nuestra vida política y social. La educación que tenemos, la baja participación democrática, nuestra condición de simples exportadores primarios donde domina la lógica extractivista que arrasa con la naturaleza, la brutal desigualdad, están estrechamente vinculadas a déficits culturales y a una mentalidad política que reduce la estrategia de desarrollo a una serie de índices macroeconómicos. ¿Es acaso posible pensar en una real democracia sin sujetos activos, pensantes, críticos; mejorar nuestra educación sin elevar los niveles de comprensión lectora; romper el cepo que nos limita a exportadores primarios sin fomentar una ciudadanía creativa y productora que pueda potenciar toda la riqueza de nuestras mentes?
Parafraseando a Antonio Gramsci, quien señala que «somos todos intelectuales» en sus notables Cuadernos de la cárcel, somos todos creadores, productores culturales. Todos tenemos una mente capaz de tener su propia visión del mundo, «participar activamente en la producción de la historia del mundo, ser guías de sí mismos», si logramos liberarnos de «una concepción de mundo “impuesta” mecánicamente por el ambiente externo, y por lo tanto por uno de los tantos grupos sociales en los cuales cada cual se encuentra automáticamente incluido desde su entrada en el mundo consciente». Para una vida digna, es fundamental potenciar esa capacidad de ser sujetos activos, constructores de la vida cultural, social y política. Como individuos, comunidades y como países.
También, para evitar reflujos reaccionarios, como en los años treinta del siglo XX, como hoy en día con los Trump y Bolsonaro, hay que democratizar la cultura, el libro, hacerla accesible a todas y todos, no solo a las élites. Lograr una mayor densidad cultural en el conjunto de la población, activar todas las mentes, no solo es un buen antídoto contra las demencias, sino también contra el autoritarismo y la pérdida de sentido y valor de la democracia.
Para un mejor vivir, un vivir con los otros y no contra los otros, con la naturaleza y no sobre la naturaleza, se requiere, de manera urgente, un profundo cambio cultural, poner en un lugar central a la cultura, en toda su amplitud de sentidos como en sus expresiones concretas. Y ello debe reflejarse en la nueva Constitución, condición necesaria, aunque evidentemente no suficiente.
II. LA CULTURA EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN
No es casualidad que en la Constitución del ochenta esté ausente la cultura, apenas aparece cuatro veces a lo largo del texto y como un elemento sin mayor relevancia. Gran diferencia con las constituciones de países como Ecuador, Bolivia y Colombia, donde la palabra cultura está presente de manera transversal: ciento veintinueve en la de Ecuador, cinco de las cuales como di- versidad cultural; veintinueve en la de Colombia; noventa y nueve en la de Bolivia. Desde el mismo preámbulo y el artículo 1 de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, vemos la importancia que se le da al concepto: «Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Pluri- nacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país». Más adelante, entre otras referencias, el artículo 98.1 señala: «La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones». Queda así explícita, en la misma Constitución, la radical importancia de la cultura. Se trata de un derecho básico, y no puede quedar a merced de los intereses y voluntades de los gobiernos de turno.
De hecho, el derecho a la cultura ya está presente en los artículos 22 y 27.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948: «Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad»; «toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten», siendo considerado un derecho humano de segunda generación, protegido y garantizado por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cul- turales de 1966 de las Naciones Unidas, el que parte del concepto mismo de dignidad. Este señala: «Reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos».
Lamentablemente, en tiempos de hegemonía neoliberal, se tiende a confundir los derechos con el acceso, con el consumo. Como si la participación democrática fuera solo el voto. En los mismos diálogos ciudadanos del proceso constituyente de Michelle Bachelet, la palabra cultura se reducía al derecho al acceso a la cultura. Pero es mucho más que un tema de acceso, el mismo pacto de 1966 reconoce el derecho de toda persona a «participar en la vida cultural» y hace explícito la necesidad del «desarrollo económico, social y cultural». Es fundamental entender los derechos culturales en un sentido amplio: a nivel personal; a nivel de las comunidades locales; a nivel de los pueblos, como es el caso de los pueblos indígenas; y a nivel de los países: el derecho a la protección y fomento de sus expresiones culturales.
Para hacer efectivo ese derecho a nivel de los pueblos y naciones, y haciendo frente a la concentración, la uniformización y dominio de un tipo de expresiones culturales que potencia el mercado, las que a su vez marginan y anulan las expresiones culturales locales, se elaboró y aprobó la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de Unesco del 2005. Esta ayuda a enfrentar una división internacional del trabajo que fortalece los tratados de libre comercio, que busca consolidar un modelo con países productores a nivel intelectual y cultural mientras otros, meros exportadores primarios, quedan como consumidores en la materia. Los países tienen el derecho y el deber de proteger y fomentar sus expresiones culturales, y eso es necesario consagrarlo en el texto constitucional.
En tiempos de protestas y pandemia, cuando tanto se habla y condena la violencia de los manifestantes, encarcelando injustamente a muchas/os jóvenes cuya lucha posibilitó el momento constituyente presente, hay que ser conscientes de que hace tiempo vivimos cotidianamente en la sociedad toda, y en el ámbito cultural en particular, tres «pandemias» que han ejercido una violencia bestial sobre todas y todos, y sobre nuestras expresiones culturales:
- El colonialismo, y en particular el colonialismo cultural, que ayer y hoy margina nuestra creación y producción cultural.
- La dictadura cívico-militar y su brutal represión contra el otro, la crítica, el pensar y el arte, que provocó un abrupto corte en nuestro desarrollo político, social y cultural en el largo camino de conquista de los derechos, y cuya mentalidad represiva sigue instalada en la base legal y mental de nuestra institucionalidad y sociedad.
- Y el neoliberalismo, que entre otros ha mercantilizado la producción cultural, concentrando en manos de multinacionales «lo que vende», enfatizando la lógica de la competencia y los concursos que terminan anulando los sentidos de comunidad, excluyendo y limitando la bibliodiversidad como la diversidad cultural misma. Ese dominio tiende a desactivar igualmente el sentido liberador y trasformador del quehacer cultural, al reducirlo todo a simples mercancías. Toda la potencia cultural del qué se dice, se esfuma en la maraña del dónde y cómo se dice.
Para revertir esas fuerzas poderosas que marcan nuestras mentes, se requiere pensar y trabajar culturalmente en los diversos niveles, y sentar bases en la propia Constitución, como un Estado social de derecho, plurinacional, democrático, garante de los derechos políticos, sociales, económicos y culturales, que proteja y promueva la diversidad de nuestras expresiones culturales.
Es imprescindible revalorar la cultura y también a quienes se dedican a ello cotidianamente, garantizando sus derechos sociales para una vida digna, como la salud, la educación, la previsión, etcétera. Como país, una y otra vez celebramos a Gabriela Mistral y Pablo Neruda, pero ¿cómo es posible potenciar nuevas y nuevos Mistral, Parra y Neruda si excluimos su creación porque no vende? Es urgente liberar a la cultura del mercado, fortaleciendo un ecosistema diverso y justo, que plasme en la Constitución la relevancia del tema y le dé continuidad en una institucionalidad cultural potente, que lejos de considerar un gasto los recursos en cultura, una pérdida, se asuma como una apuesta de presente y futuro para la comunidad que construimos, en un pilar central de la estrategia de desarrollo del país, que nos permita salir de su lógica extractivista. Que integre transversalmente los desafíos culturales en la institucionalidad toda, como por ejemplo en el Ministerio de Educación, el cual debería jugar un rol central, enfrentando el colonialismo cultural que le domina, valorando la creación propia y de países hermanos. Como decían las huelguistas de la industria del textil a principios del siglo xx, queremos pan, pero también rosas. La cultura es el espacio para que florezcan las rosas.
Basta en tal sentido de seguir gastando en tanques, carros y tecnología para afinar el control ciudadano y la represión, basta de gastar el dinero de todos los chilenos en escopetas y proyectiles antimotines que arrancan los ojos a nuestros jóvenes. Debemos contar con recursos para que se multipliquen los libros, el canto, la danza, la fotografía, las producciones audiovisuales, las obras de teatro, los muros vivos que vemos desde octubre y tantas expresiones culturales que siguen emergiendo, potenciando una sociedad creativa, con la mirada atenta, productora a nivel intelectual en los más di- versos ámbitos y disciplinas.
Y al igual como fue la experiencia de la Política Nacional de la Lectura y del Libro 2015-2020, que se elaboren e implementen de manera participativa políticas culturales generales y por área, donde se vinculen también estrechamente los recursos en esos ámbitos con la política misma ―cosa que no ha ocurrido―, permitiendo abrir círculos virtuosos a nivel creativo, donde las diversas instituciones y programas vinculados se comprometan verdaderamente con un objetivo común. Para todo ello, desde la Constitución hasta las políticas públicas mismas, es básico y necesario recuperar el habla, el diálogo, la primacía del bien común; articular iniciativas, intercambios, y no seguir funcionando como islas en cada ámbito, en cada área, donde prima más la competencia que el trabajo mancomunado.
IV. A TERMINAR CON TODO APARTHEID CULTURAL
Cuando iniciamos Lom en marzo de 1990, en momentos que terminaba la dictadura y se abría el camino de una larga transición, sin verdadero arcoíris, sin destape posdictatorial, dominaba el gris de en la medida de lo posible. Se fueron esfumando los tejidos de la resistencia antidictatorial, apagando las voces independientes en los medios de comunicación y los medios y espacios autónomos mismos. Cada uno parecía armar su propio camino de sobrevivencia en el reino de la jungla neoliberal en que se transformó Chile. Y si bien era posible hacer cosas, aportar desde otras lógicas, en esa senda individual poco se lograba cambiar; en gran medida cada uno quedó limitado a ser una voz testimonial de «El sur también existe». En nuestro caso, el cruce de caminos con Ediciones Trilce, Txalaparta y era en el Salón Iberoamericano de Gijón que organizaba el escritor Luis Sepúlveda, posibilitó aunar energías para un trabajo conjunto en el ámbito del libro, en resistencia desde la edición independiente contra el dominio de un sello comercial, colonial y de concentración por sobre el sentido cultural y liberador del trabajo —valga la redundancia— con el libro.
A ese encuentro y el desarrollo de iniciativas conjuntas, le siguió ―junto a siete editoriales locales― la fundación de la Asociación de Editores Independientes de Chile, hoy Editores de Chile, que reúne actualmente a cerca de cien editoriales independientes y universitarias; así también, junto a otras asociaciones del mundo de la cultura, nace la Coalición Chilena para la Diversidad Cultural y surge la Alianza Internacional de Editores Independientes, que reúne a muchas editoriales independientes de diversas latitudes. Desde esos espacios, se aunaron las voluntades para un trabajo de largo aliento en favor de revalorar y reconocer la importancia de la creación local, de un intercambio diverso y equilibrado a nivel cultural, de potenciar ecosistemas locales del libro, donde el mercado no puede dictar el modelo y la ley, donde es imprescindible recuperar el sentido público y de bien común que tiene el quehacer cultural. La propuesta Una Política de Estado para el Libro y la Lectura, fruto de la Mesa del Libro en la cual Editores de Chile jugó un papel central, puso el énfasis en la necesidad de tener políticas públicas sistémicas en la materia. Esta iniciativa estuvo a la base de la primera Política Nacional del Libro y la Lectura, nunca implementada, así como la que se elaboró e implementó de manera participativa en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet.
Sin duda estos esfuerzos colectivos constituyen pequeños «corrimientos de cerco» en un sistema que posibilita un brutal dominio de una industria del entretenimiento que, como señala la carta abierta «¿Qué se dice y dónde se dice?: carta abierta de las y los editores independientes a los autores, autoras e intelectuales comprometidos con un mundo más justo» de la Alianza Internacional de Editores Independientes, de julio de 2020, limita la fuerza transformadora del trabajo cultural. Creemos que es necesario fortalecer ese trabajo desde abajo, desde los artífices del quehacer cultural, en una acción conjunta de estos en cada sector y entre los diversos ámbitos, en favor de una real democratización cultural, de consolidar ecosistemas sustentables en cada área. No nos cabe duda que son caminos lentos y que se hace necesario realizar el trabajo de las hormigas, pero hoy más que nunca tenemos la oportunidad de dar un salto cualitativo y cuantitativo al plasmar en la Constitución misma la cultura como uno de los ejes que nos permita establecer un piso diferente, una mirada diferente, verdaderamente democrática, multiplicando desde la diversidad, desde el espacio público, desde la independencia, desde lo territorial, las capacidades creativas de todas y todos, que posibiliten terminar con todo apartheid cultural.
Los desafíos de la cultura y de la educación, el derecho democrático a la información y la comunicación, al acceso al conocimiento, a la diversidad cultural, la lucha por una vida digna, como la protección de nuestra biodiversidad, son desafíos interrelacionados, no mundos separados, que tienen que ver con el tipo de democracia que queremos, de ciudadanos y sujetos activos o simples y limitados consumidores. Démosle a la cultura, en este momento histórico, toda la potencia liberadora, comunitaria y constructiva que tiene.
